La inclusión financiera yace como una asignatura pendiente en México, actualmente el 90% de las transacciones en el país se realizan en efectivo, relegando el uso de servicios financieros digitales.  

  

En el país el 50% de los adultos carece de una cuenta formal de ahorro, mientras que sólo el 11% tienen acceso a una tarjeta de crédito.  

  

En tanto, cuando se habla de productos enfocados a crédito formal, seguros o Afore, si bien el porcentaje de mexicanos con esos servicios aumenta al 67.8%, dichas cifras quedan opacadas por las diferencias regionales y la brecha de género.

  

México muestra indicadores muy por debajo de los niveles que se registran en la región, toda vez que, de acuerdo con el Banco mundial (BM), entre 2011 y 2021 varias naciones de América Latina avanzaron significativamente en sus indicadores de inclusión financiera.  

  

Por ejemplo, el país está muy por detrás del avance en inclusión financiera que han experimentado naciones como Chile, Brasil, Colombia, Argentina o Uruguay, donde han imperado enfoques distintos con respecto a temas como la oferta de cuentas, tarjetas de crédito y de débito, entre otros servicios financieros.  

  

La situación se agrava aún más se percibe la brecha de género existente en tema de inclusión financiera, la cual es casi 14 puntos porcentuales, según datos de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.   

  

Por ello, han apuntado hacia la necesidad de un entorno regulatorio que fomente la innovación y la competencia, al tiempo que garantice la protección de los usuarios y la estabilidad del sistema.  

  

En ese sentido, el experto puntualiza la publicación del estudio “Hacia una política pública para la inclusión financiera: oportunidades y retos para México”, elaborado entre otros por Nu México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

  

En este se establecen los retos que enfrenta la inclusión financiera, pero a su vez se propone el desarrollo de una nueva política nacional en dicho ramo, que incluya un marco regulatorio que fomente la innovación y el acceso de más sectores.  

  

Además, lo más importante del documento radica en que con la implementación de una política pública enfocada a incentivar la inclusión financiera, en la que participen todos los actores relacionados con el ecosistema financiero nacional, incluidas las Fintech, se podría lograr que en 10 años el 90 por ciento de la población mexicana cuente con acceso pleno a servicios financieros.